Tras más de 7 meses de crisis sanitaria generada por el COVID-19, resulta importante comenzar a plantear cómo reabrir plenamente la actividad económica y organizar el retorno al trabajo reduciendo la proximidad física en cada instancia de interacción del trabajador en su espacio laboral y en su traslado al trabajo.

Esta información surge del documento “Hacia una economía de baja proximidad física” realizado por el Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC, en el que parte de su análisis toma como marco conceptual las investigaciones sobre el retorno seguro al trabajo en la nueva normalidad generados por la alianza Safely Back to Work liderada globalmente por la WEC (World Employment Confederation) cuyo capítulo local es la Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo- CAPE.

Las conclusiones de este documento fueron debatidas en un encuentro que reunió a los investigadores y líderes de CIPPEC, con miembros de la cámara e invitados especiales. Las estrategias de convivencia con el virus COVID-19, basadas en nuevas reglas de distanciamiento social, salud e higiene, requieren una revisión profunda de hábitos y comportamientos para asegurar la contención del riesgo sanitario.

El mercado de trabajo argentino previo a la pandemia funcionaba sobre la base de la proximidad física y en condiciones sanitarias que hoy se consideran riesgosas:

Según la investigación, el 86% del mercado laboral argentino trabaja “relativamente cerca de otros” - por ejemplo, en una oficina compartida -, mientras que más de 2,3 millones de trabajadores (casi un 14%) lo hacen a un brazo de distancia o menos. Además, 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos, y casi el 10% de los trabajadores argentinos están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo.

¿Con qué frecuencia los trabajadores están expuestos a lugares de trabajo de espacio reducido o con mala ventilación?

Combinando estas dos dimensiones, de 13,3 millones de ocupados, unos 2,3 millones (un 17%) trabajan bajo alguna de estas dos condiciones. Aquí aparece un elemento central del riesgo sanitario: aproximadamente 2 de cada 10 personas ocupadas que realizan sus tareas en el establecimiento, trabaja en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos. Esta medida de riesgo combinada tiene mayor incidencia (mayor al 20%) en sectores como transporte y almacenamiento, electricidad, gas y agua, enseñanza, salud, administración pública, y hoteles y restaurantes.

Además, la investigación aporta evidencia sobre la frecuencia en la que los trabajadores están expuestos a servicios sanitarios en malas condiciones (baños, vestuarios, agua potable) en su lugar de trabajo. De los 12,5 millones de ocupados para los que contamos con datos, unos 1,1 millones (casi el 10%) están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo. El sector con mayor incidencia de este factor de riesgo es el de electricidad, gas y agua (46%), seguido de lejos por construcción (20%), enseñanza (19%), actividades agropecuarias y pesca (17%), transporte y almacenamiento (17%), administración pública (14%), minería (11%) y salud (10%).

¿Cuán riesgoso es el viaje al trabajo?

El estudio también analiza el riesgo sanitario que se da en el traslado hacia el trabajo en función al medio de transporte utilizado. Un 31% del total de trabajadores -esto es, unas 5,2 millones de personas- utiliza algún medio de transporte público para concurrir al trabajo. Las ocupaciones asociadas a ramas de actividad de servicios utilizan intensivamente los medios de transporte público. En efecto, si sumamos los trabajadores que viajan en subte, tren, colectivo o combi para concurrir al trabajo, entonces para el servicio doméstico y los servicios sociales y de salud llegamos al 43% del total del sector, mientras que para la industria o la construcción, ese ratio es menor al 30%.

¿Cuáles son los pasos a seguir para minimizar los riesgos?

Se clasifican las medidas de los protocolos según su capacidad de mitigar el riesgo sanitario y según su impacto económico. “Se desprende del análisis que el sistema de protocolos sanitarios implementado es un primer paso en la dirección correcta; el siguiente es imprimirle la efectividad y sostenibilidad necesarias a través de mecanismos de evaluación y aprendizaje continuo”, afirma el estudio.

Tanto el diagnóstico de los riesgos como el diseño de los protocolos deben adaptarse a los avances en lo que se va conociendo sobre el virus. En el proceso actual coexisten protocolos a nivel nacional, provincial, sectorial y de las empresas y hay algunas heterogeneidades entre los niveles. La diversidad de actores y medidas involucradas es de doble filo: puede enriquecer la información, pero también generar inconsistencias y dificultades para comunicar e implementar adaptaciones y mejoras.

Otro paso clave en el ciclo de vida de los protocolos es la fase de evaluación por parte de las autoridades, no solo porque es esencial para incentivar el cumplimiento, sino porque es la instancia que habilita la generación de los datos necesarios para entender cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del sistema. El ciclo de vida de los protocolos debe ser flexible por diseño e incluir etapas de capacitación, evaluación e iteración que, además de garantizar el cumplimiento de las medidas y cláusulas, contemple su actualización, homogeneización y difusión.